El personal de enfermería de nuestro país no puede más. Los bajos ratios de sanitarios, el déficit de profesionales con plantillas que recuerdan a los niveles previos a la pandemia y el continuo “bloqueo” en el Congreso de la Ley de Seguridad del Paciente son algunos de los principales problemas que atraviesa el sector en la actualidad. A todo ello hay que sumarle, además, la situación crítica que viven las enfermeras de la Comunidad de Madrid, que han tenido que hacer frente tanto a la no renovación de los contratos de refuerzo Covid, como a la mala gestión de la Oferta de Empleo Pública, convocada por última vez hace cuatro años y sin resolución hasta el momento. Todo ello ha provocado que, el martes 26 de abril, cientos de enfermeros, a iniciativa de SATSE, hayan sido convocados para participar en una concentración a nivel nacional. Fue en diciembre de 2020 cuando la mayoría de los grupos políticos respaldaron la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente en la Comisión de Sanidad. Se trataba de una iniciativa legislativa popular promovida desde SATSE y con el aval de las 700.000 firmas recogidas ante la necesidad inminente de establecer un número máximo de pacientes por enfermera en los hospitales y centros de salud de nuestro país. Sin embargo, casi dos años después, la propuesta del sindicato para situar a España a la cabeza del mundo a la hora de garantizar atención sanitaria y cuidados continúa bloqueada. En consecuencia, millones de españoles se mantienen a la espera de una solución “que evite que puedan sufrir más riesgos si tienen que ser atendidos en el sistema sanitario”.

“No entendemos cómo los grupos políticos, y en concreto en estos momentos el PSOE, que es quien está pidiendo prórroga tras prórroga, mantengan paralizada una ley que lo que busca es garantizar la seguridad de los pacientes en centros sanitarios”, explica María José García, portavoz de SATSE. Dicha ley establecería una asignación de un máximo de entre seis y ocho pacientes por cada enfermera en los hospitales españoles y, en caso de los centros de salud, la asignación de población para cada sanitario no podría superar nunca los 1.500 habitantes. Una medida que significaría romper con la realidad vivida en nuestro país, donde las cifras elevan a entre 20 y 25 el número de pacientes que cada enfermero atiende en hospitales y de entre 1.600 y 2.000 personas en el caso de los centros de salud.