Según la Policía Nacional, han asistido más de 3.500 personas. En la cabecera de la marcha se puede leer: "Equiparación salarial y Estatuto de Prisiones", dos reivindicaciones históricas de este colectivo, que lleva años reclamando a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que les dote de un marco legal y jurídico para el desempeño de sus funciones.

En julio de 2020 presentaron en el congreso de los diputados un anteproyecto de ley, que aún no ha sido aprobado. "Necesitamos mejoras de personal, de formación y en el uniforme. Las demandas son muy amplias debido al olvido durante décadas de los diferentes gobiernos. Pedimos un reconocimiento y una dignidad laboral que se nos está obviando con los diferentes gobiernos. Somos un cuerpo de orden aunque no nos reconozcan como Fuerzas y Cuerpo de Seguridad. Nuestro trabajo es imprescindible y muy importante para el Estado. Garantizamos el cumplimiento de las leyes y velamos por la seguridad de la ciudadanía", resalta Paniza.

El recorrido ha comenzado a las 11 de la mañana en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE. Han ido avanzando hasta la plaza de las Cortes, pasando por Plaza de España, Gran Vía, calle de Alcalá, plaza de Cibeles y el Paseo Del Prado.

Las plantillas están envejecidas. Faltan plazas por cubrir y los servicios médicos están bajo mínimos. El estrés forma parte de su trabajo. Este sábado encontraron muerto a un Jefe de Servicios del Centro Penitenciario de Herrera de La Mancha dentro de su oficina. Era Francisco Aranda. Le habían operado del corazón y ya se había reincorporado. Había tenido que mediar en un altercado con un interno una hora y media antes. Había comido. Sus compañeros le encontraron desplomado.

Por esta razón, durante la marcha, algunos funcionarios se han colocado un brazalete negro en señal de duelo y en memoria de su compañero fallecido. Instituciones Penitencias de momento no se ha pronunciado al respecto. La autopsia determinará la causa de su muerte. Sindicatos de trabajadores de prisiones han trasmitido su pésame a la familia del difunto.

A finales de 2017 la Secretaría General aprobó un protocolo específico para contabilizar las agresiones a sus funcionarios, con un criterio distinto al del resto de la administración general del Estado: Sólo se tienen en cuenta aquellas que dejan marca física y se reflejan en un parte médico. 2022 fue el año más violento de los últimos ocho. Solo durante los primeros nueve meses se contabilizaron 310 casos, uno cada 32 horas.