La federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género afirma que tiene constancia de unas 70 madres a las que la Justicia las culpó tras denunciar violencia de género o abuso sexual hacia sus hijos, la mayoría de las cuales acabaron sin la custodia de los menores.

Los casos que han saltado a la luz pública y a los medios de comunicación son sólo una mínima muestra de esta realidad, señala Chelo Álvarez, presidenta de la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género. Una federación que aglutina a más de 30 organizaciones feministas de diversas partes del Estado y a decenas madres víctimas de esta violencia que se han unido a título individual.

"Hay constancia de que alrededor de 70 madres que han sufrido maltrato similar en el sistema de Justicia a lo largo y ancho del país, y esta cifra sigue siendo sólo la punta de un gran iceberg que no sabemos hasta dónde llega", añade Álvarez. Porque si la violencia contra las mujeres e hijos está ampliamente infra denunciada, los casos en los que existe este tipo de prácticas por parte de la Justicia tampoco se hacen públicos por el miedo que tienen las madres a que las consecuencias o represalias sean aún más graves. Según los últimos datos hechos públicos por Igualdad, se estima que en nuestro país más del 80% de la violencia sexual que sufren las mujeres nunca llega a denunciarse.

El último caso en saltar a la luz publica fue el de Sara B. B., y declaró en la concentración. Desde hace dos años esta madre no puede ver a sus hijas ni hablar con ellas, pese a no tener orden de alejamiento o de incomunicación hacia las menores. El proceso judicial se inició en 2016 por un protocolo sobre posible violencia de género iniciado por el Servicio de Salud Extremeño. Los malos tratos hacia la madre y el posible abuso de la mayor de las niñas por parte del padre han sido archivados provisionalmente por falta de pruebas.

A día de hoy, cinco años después de haber comenzado el calvario judicial, aún no se ha celebrado el juicio definitivo por la custodia de las niñas (de seis y cuatro años), pero Sara ya ha sido separada forzosamente de sus hijas y condenada a cuatro años de prisión y cuatro sin la patria potestad por sustraerlas, a pesar de no haberse movido nunca de la ciudad en la que vivía donde madre e hijas hacían su vida habitual. Un proceso judicial plagado de irregularidades por el que dos juezas han sido amonestadas por el Consejo General del Poder Judicial.

También Juana Rivas fue sentenciada a dos años y medio de prisión y a seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos. La última decisión la tomó recientemente el Tribunal Supremo. No son los únicos nombres propios: Ana Bayo, Patricia González, Luz, María Sevilla, María Ugarte, María Isabel Martínez, Verónica S., Silvia Aquiles, Karen Gutiérrez, Daría Sidorkevich o Irune Costumero, son algunos de los pocos nombres propios que tiene esta violencia.

La violencia vicaria, afirma al comunicado, "cuenta con el beneplácito y el respaldo absoluto de las instituciones y del sistema judicial al completo, convirtiéndolo en un laberinto sin salida y en un maltrato institucional para las madres y para los niñ@s"

Para visibilizar esta situación y exigir cambios al Gobierno, la federación está circulando un manifiesto al que animan a otros a sumarse y se han llevado a cabo concentraciones frente al Ministerio de Justicia u organismos judiciales de ciudades como Madrid, Barcelona, València, Mallorca, Zaragoza o Granada.

La convocatoria y el comunicado han conseguido un amplio respaldo entre organizaciones feministas, de juristas, sindicatos y partidos políticos. Entre las adhesiones figuran la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), la Federación de Mujeres separadas y divorciadas, la Plataforma 7N, la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación de Psicología y Psicoterapia feminista o el UGT a nivel federal, entre casi 160 adhesiones