La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (más conocidos como secretarios judiciales por su anterior denominación) no es una protesta aislada. El paro, con fecha de inicio -el 24 de enero- pero no de finalización, tendrá un impacto directo en la vida de muchos ciudadanos y empresas. La protesta no solo impedirá la celebración de miles de juicios y declaraciones, sino que bloqueará cuentas judiciales con un saldo medio de 4.500 millones de euros, cuya gestión corresponde exclusivamente a este cuerpo de funcionarios que dependen del Ministerio de Justicia.

Pensiones alimenticias; pago a menores; retenciones de embargos; indemnizaciones; depósito de fianzas y responsabilidad civil; el abono de costas para la tramitación de recursos; o el traspaso de multas al Tesoro Público son algunos de los casos que a partir del próximo martes quedarán paralizados con la huelga para los que están convocados los 4.300 Letrados de la Administración de Justicia que hay en España.

También toda la tramitación de cualquier procedimiento judicial, sobre todo en la jurisdicción mercantil donde no existen las actuaciones urgentes, que son las que se verán amparadas por los servicios mínimos; la publicación de subastas; las diligencias para la averiguación patrimionial; los juicios monitorios (para el cobro de deudas); o las conciliaciones y divorcios de mutuo acuerdo se verán afectados directamente.

Asimismo, la notificación de resoluciones que necesitan la firma del antiguo secretario judicial no se hará durante el tiempo que dure la protesta, al tiempo que todas las vistas judiciales, donde el Letrado de la Administración de Justicia actúa como fedatario público, se verán abocadas a encontrar un nuevo huevo en las agendas saturadas de los juzgsados, que ya han sacado los calendarios de, incluso, los próximos cinco años, como ocurre en la jurisdicción social.

La única posibilidad que puede evitar los paros es que el Ministerio que dirige Pilar Llop llame con la oferta de retomar la negociación sobre sus condiciones laborales y retributiva.

Fuentes de las asociaciones de Letrados convocantes aseguran que su intención es causar el menor perjuicio posible a los ciudadanos y compañías que acuden a los tribunales para encontrar una solución a sus disputas, si bien no ven otra salida para que se atiendan sus reclamaciones.

De hecho, para no llegar hasta este extremo, los Letrados enviaron esta semana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para “alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados de todo el país, salvo los servicios esenciales” y tome las “medidas necesarias”.

Como última alternativa para abrir el diálogo, se ha lanzado la vía de la mediación. Cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el recién elegido decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, han aceptado intervenir en este conflicto como mediadores para alcanzar una solución “pacífica”, según informó el comité de huelga de los Letrados.

a ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió este viernes a los secretarios judiciales que “huyan de posiciones maximalistas” para poder lograr “buenos acuerdos”, a la vez que defendió que su departamento está en permanente negociación con las asociaciones de Letrados.

Lo cierto es que la amenaza de la huelga indefinida llevaba meses planeando sobre los juzgados. Como medida de presión, los letrados realizaron paros los pasados 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre para exigir al Gobierno que cumpla con su promesa de incrementar los sueldos más de un 5% tras la atribución de nuevas funciones y responsabilidades.

Desde el Ministerio se trasladó que no se comprendía el motivo por el que los secretarios judiciales pretendían paralizar la Justicia cuando se habían cumplido 10 de los 11 compromisos adquiridos con ellos. Estas manifestaciones elevaron la tensión y los representantes del colectivo jurídico optaron por hacer uso de lo que consideran el “último recurso”: la huelga.

Servicios mínimos. Durante la huelga, los Letrados de la Administración de Justicia prestarán servicios mínimos para que todas aquellas actuaciones urgentes puedan seguir practicándose. Para garantizar dicha medida, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, dictó una resolución fijando en qué casos siempre debe haber un Letrado operativo. No obstante, el colectivo no ha recibido con agrado los criterios expuestos, que han sido tachados de “abusivos”. Fuentes de las asociaciones convocantes de la huelga señalaron a este diario que preparan un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para dejar sin efecto dicha orden.